Consúltenos sus dudas

Este impuesto que frenó durante un tiempo el legítimo aprovechamiento de la energía del sol, tanto por empresas como por particulares, ya ha dejado de ser una amenaza gracias al Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de “medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores”. En el caso del autoabastecimiento, los consumidores no solo podrán obtener electricidad mediante la energía fotovoltaica o eólica, sino que además podrá vender el sobrante a la red eléctrica.
Además nuevas medidas, recogidas en el Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, han seguido fomentando el apoyo a las energías renovables.

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energías) mantiene programas de financiación a empresas de servicios energéticos, para que éstas lleven a cabo en empresas, o en el ámbito doméstico, proyectos de aplicación de energías renovables de uso térmico. Esta fórmula facilita la realización de los proyectos ya que implica que el usuario no tendrá que hacer el desembolso inicial de la inversión, la cual corre a cargo de la empresa de servicios energéticos que cuenta con la financiación del IDAE.

Como su propio nombre indica, su ventaja fundamental radica en que, a diferencia de las energías fósiles, éstas son inagotables. Pero tiene otras ventajas que también afectan al medioambiente positivamente: estas energías no generan residuos de difícil y costoso tratamiento y además no producen emisiones de CO2 u otros gases que contaminen la atmósfera.
Además existen las repercusiones económicas: las energías renovables están disponibles, en mayor o menor medida, en todo el planeta. Esto se traduce en una menor dependencia del exterior, de modo que se reducen los costes del transporte. Además es un sector donde se generan más puestos de trabajo que en el de las energías convencionales (hasta cinco veces). También es un factor que impulsa el crecimiento de las pequeñas áreas de población, porque a menudo las instalaciones se sitúan allí, que es donde más se demandan.

Es una ley por la que el Gobierno de España inicia el trámite parlamentario para alcanzar, a más tardar en el año 2050, la neutralidad de emisiones, es decir, el país solo emitirá para entonces la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Para llegar a tal objetivo irá reduciendo paulatinamente su emisión (siendo un primer paso reducirlos un 20% en 2030 respecto a los niveles de 1990)